Nuestro alimento tradicional, el que más comemos los mexicanos, la tortilla, ha sufrido una transformación profunda. Ya no se trata de una tortilla elaborada con masa de maíz nixtamalizada, sino de una tortilla, la mayoría de las veces, elaborada con harina de maíz altamente procesada, en la que suelen usarse diversos aditivos no comunes en una tortilla tradicional, aditivos que van desde blanqueadores hasta fibra no proveniente del maíz. Algo que también distingue una tortilla tradicional de una industrializada puede ser la concentración de glifosato, un herbicida declarado ya como posible cancerígeno. Nos explicamos.

Al no haberse logrado la prohibición de la importación de maíz transgénico para la elaboración de la tortilla, no hay duda de que estaremos ingiriendo mayores cantidades de glifosato en ella. El maíz transgénico que importamos y que es usado para la elaboración de la harina de maíz de las grandes corporaciones, como Maseca y Mimsa, contiene mayores residuos de glifosato.

Partamos de que el glifosato es el herbicida más usado en el mundo, lo cual significa también que ha dado ganancias multimillonarias a Monsanto y ahora a Bayer, que compró a Monsanto, ganancias suficientes para invertir a gran escala en estrategias para impedir su regulación y su prohibición, ante las evidencias crecientes de sus daños a la salud.

El glifosato pasó a conocerse popularmente entre la población mexicana al anunciarse un decreto presidencial para prohibir su importación a México y también la importación de maíz transgénico. El caso del maíz transgénico es importante por los altos residuos de glifosato que contiene. Ese maíz transgénico, en su mayoría, ha sido diseñado para resistir justamente las aplicaciones de glifosato. Es decir, la misma compañía que vende el maíz resistente al glifosato es la que vende el glifosato, un negocio redondo. Así, un cultivo que es resistente al glifosato recibe cantidades mucho mayores de aplicaciones de ese herbicida, para matar las llamadas malas hierbas que compiten con el cultivo, al saberse que el glifosato no pone en peligro al maíz que le es resistente. El problema viene para los consumidores y, obviamente, para los agricultores: una exposición que representa una amenaza para la salud. De hecho, la gran publicidad que se dio a los transgénicos anunciaba que reduciría el uso de agroquímicos, pero ocurrió lo contrario: el uso del glifosato se disparó, tanto como las ganancias de estas corporaciones.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer en 2015, ante los estudios publicados sobre el glifosato y sus riesgos para la salud, lo clasificó como posible cancerígeno; lo puso en la antesala de declararlo cancerígeno. En los hechos, reconoció las posibilidades de que el glifosato cause cáncer. Para quienes conocen el largo camino para que un producto sea reconocido como cancerígeno internacionalmente, saben perfectamente las enormes presiones por parte de las grandes corporaciones —que tienen las patentes de estos productos— y de sus naciones de origen para evitar esta declaración, que significa el fin de su producto en el mercado y el fin de sus ganancias. Entre la presentación de la evidencia científica de los daños y el hecho de que se reconozca oficialmente que existen, no sólo pueden pasar años, sino décadas, lo que puede significar miles —incluso cientos de miles— de enfermedades y muertes que podrían haberse evitado. Ahí tenemos el caso del tabaco.

El asunto paradójico es que, mientras Estados Unidos y las corporaciones no reconocían que el glifosato representa un daño para la salud, la corporación Bayer ha tenido que pagar multas de cientos o miles de millones a agricultores que han demandado, primero a Monsanto y ahora a Bayer, por daños a la salud. En un recuento, se habla de más de 60 mil casos pendientes para los que esta empresa ha destinado 5 mil 900 millones de dólares.

¿Por qué niegan los daños cuando han pagado multas por ellos en una gran cantidad de casos? Por ejemplo, en 2023 pagaron más de 2 mil millones de dólares a familias afectadas por Roundup (marca comercial del glifosato). Un jurado en Georgia ordenó a Bayer pagar casi 2 mil 100 millones de dólares en daños a un hombre que afirmaba que el glifosato le había causado cáncer. Otro jurado en San Francisco ordenó el pago de una indemnización de 80 millones de dólares a un hombre californiano tras determinar que el herbicida le había provocado cáncer. En el mismo estado, otro jurado ordenó el pago de 289 millones de dólares a otro ciudadano por la misma causa.

No pueden realizarse estudios clínicos en humanos para evaluar el impacto de este herbicida; las pruebas se realizan en animales de laboratorio. El Instituto Ramazzini lanzó el Estudio Global sobre el Glifosato para evaluar sus impactos tóxicos. Se acaban de publicar los resultados de la evaluación de su potencial cancerígeno en ratas a las que se les administró glifosato en cantidades consideradas seguras en Estados Unidos y Europa para humanos (ajustadas por peso). El estudio revela un aumento en la incidencia de tumores malignos y benignos: leucemia, piel, tiroides, sistema nervioso, útero, riñones, huesos, páncreas, entre otros.

El estudio concluyó: “El glifosato y los herbicidas a base de glifosato (GBHs, por sus siglas en inglés), a niveles de exposición correspondientes a la Ingesta Diaria Aceptable (ADI) y al Nivel Sin Efecto Adverso Observable (NOAEL) establecidos por la Unión Europea, causaron aumentos relacionados con la dosis en la incidencia de múltiples tumores benignos y malignos en ratas Sprague-Dawley (SD) de ambos sexos. Se observó aparición temprana y mortalidad asociadas a varios tumores. Estos resultados proporcionan evidencia sólida que respalda la conclusión de la IARC de que existe ‘evidencia suficiente de carcinogenicidad [del glifosato] en animales de experimentación’. Además, nuestros datos son coherentes con la evidencia epidemiológica sobre la carcinogenicidad del glifosato y los GBHs”.

En la disputa comercial con Estados Unidos, lanzada por ese país contra los decretos presidenciales para la prohibición del glifosato y de la importación de maíz transgénico para la elaboración de la tortilla, el panel no aceptó la evidencia científica que sustentaba estos decretos en un país que es centro de origen del maíz y cuya población tiene uno de los mayores consumos de maíz por persona. Desgraciadamente, ni la Secretaría de Economía ni la de Agricultura fueron activas en la defensa de esos decretos. Cabría esperar que, ante la creciente evidencia, estas secretarías y la Presidencia retomen estas políticas para proteger nuestra salud y nuestros cultivos.

Por otro lado, vemos que los decretos presidenciales de Donald Trump no solamente violaron los acuerdos comerciales, sino también los derechos humanos de la población migrante y, de nuestro lado, funcionarios sumisos a intereses de corporaciones extranjeras, sin apoyar lo que impulsó el Ejecutivo.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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