A lo largo de sus casi 46 años de historia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, ha mostrado consistencia y contundencia en las formas y los contenidos de sus luchas, las cuales han sido, a la vez, sindicales y laborales, educativas, estructurales e ideológicas. Su acción y discurso se ha diferenciado radicalmente del sindicalismo charro en México y del propio SNTE, el poderoso, antiguo y sistémico Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, otrora feudo de la maestra Elba Esther Gordillo y ente ejemplarmente corporativizado.

Los métodos de discusión y deliberación por asambleas, con tiempo y profundidad, la organización territorial y política, la construcción de agendas de reivindicación y negociación por parte de la Coordinadora deben de entenderse como guías para otros movimientos, adaptables y valiosas herramientas de lucha. En cambio, son estigmatizadas y desentendidas por la prensa, salvo contadas excepciones. 

La criminalización de la protesta social, particularmente de este tipo de organización, presentada como “radical” o incluso “obsoleta” por la comentocracia y políticos de todos los colores, ha sido un elemento persistente en décadas, construido con el fin de desviar el debate y la atención pública: el foco se centra en las formas, las anécdotas, ciertos actos considerados o propagandeados como “excesos” y en las fake news, en lugar de los contenidos y el fondo del contencioso. 

Lo mismo, en otro contexto, sucede con las manifestaciones de digna rabia de las feministas, en donde sistemáticamente los medios y la narrativa oficial se concentran sobre la supuesta “transgresión” de unas pintas en las paredes de la ciudad o de los actos de visibilización del feminicidio, que cuestionan el orden patriarcal y biempensante, en vez de contarnos cómo es posible que más de 10 mujeres cada día día sean asesinadas impunemente.

En 2006, a partir de la lucha magisterial de la sección 22 en Oaxaca, se fue conformando la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) como detonadora de una experiencia comunal histórica, muy poco comprendida en aquel momento y hasta después, en México, pero que fue un hito en el panorama mundial de las batallas contra el neoliberalismo y el capitalismo salvaje. 

En 2013, el largo plantón de la CNTE en la capital del país, desalojado con lujo de violencia y represión policiaca, rompió la retórica peñanietista del “salvador de México” y del “nuevo PRI”, recordando a todo el mundo las condiciones miserables de vida y trabajo de millones de docentes, así como la naturaleza expoliadora y destructiva de las llamadas reformas estructurales de EPN y de la insana alianza del “Pacto por México” que las promulgó. Un año después el caso Iguala-Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y la falsa-verdad histórica construida por el exprocurador Murillo Karam y sus cómplices, cimbraría nueva y definitivamente la credibilidad y actuación del Ejecutivo más corrupto de la historia reciente.

En este 2025, se han recrudecido los reclamos de las y los maestros disidentes por lo que, normalmente, todos los partidos y cuerpos intermedios que tengan extracción laborista y popular deberían estar reivindicando, pero en gran parte han olvidado durante la larga noche neoliberal: aumento del salario, reducción progresiva de las horas de trabajo, derechos y prestaciones crecientes, pensiones y retiro dignos, reconocimiento y bienestar efectivo.

Para incrementar o mantener derechos de este tipo, logrados a sangre y fuego por el movimiento obrero tras más de un siglo de batallas y brotes revolucionarios, en países como Francia o Italia, Estados Unidos o Alemania, hoy en día todavía, aunque quizás con menor fuerza que en el siglo pasado, transportistas y empleados públicos, docentes y riders, sindicalizados y precarios, llegan a paralizar las comunicaciones y la economía del país entero. 

En comparación, los tan criticados “métodos radicales” de la CNTE parecen realmente moderados y diplomáticos, aun cuando hayan realizado plantones, ataques contra una que otra instalación, trifulcas con periodistas o bloqueos de la “sagrada” mañanera y del “intocable” aeropuerto de CDMX. 

Es decir, sin causar daño alguno significativo a personas, la CNTE, a sabiendas de cómo funciona la negociación política en México, ha privilegiado siempre estrategias de diálogo franco, respaldadas por movilizaciones callejeras importantes, incluyendo plantones de semanas o meses, como el que, después de 24 días, acaban de levantar a manera de repliegue táctico y temporal, ante el no conseguimiento de sus objetivos principales y las contrapropuestas bastante descafeinada del Gobierno. O sea, las mesas tripartitas y concesiones tácticas no bastan, hacen falta virajes estructurales que no se ven en el horizonte, pese a que ganó la Presidencia y la mayoría de los estados, por segunda vez consecutiva, la izquierda partidista. 

Más allá de algunos incidentes menores, actos simbólicos de quema de imágenes y cierres temporales de eventos y vialidades, la CNTE no ha instrumentado con los gobiernos de la 4T repertorios de lucha realmente disruptivos, al contrario, ha mostrado cierta cercanía política, por así decirlo, “natural” y hacia la izquierda, y una actitud de construcción de propuesta razonables, pero sobre todo basadas no en fantasías, sino en prácticas y experiencias coherentes con su propia historia, con los estándares internacionales y con las mismas promesas electorales de los gobiernos de AMLO y Sheinbaum.

Digamos que ocupar por un mes el Zócalo capitalino y hacer unas marchas no representa ninguna amenaza, sobre todo si se considera que la deuda histórica con las y los educadores de México no ha sido saldada y fue objeto de sendas propuestas electorales incumplidas. 

Las y los maestros podrían incluso negociar un aumento del salario menor al requerido, o bien, la abrogación sólo parcial de la reforma educativa de AMLO, que siguió conservando sus trazos neoliberales, pese a que abrogó y en algo mejoró la mal llamada y ruin “Reforma Educativa” de Peña Nieto del 2013. Estas eran algunas  de las demandas.

Sin embargo, el núcleo de la protesta ha sido y es el tema de la jubilación, derecho sacrosanto hoy negado en los hechos no sólo al sector trabajador estatal y educativo, sino a gran parte de los y las ciudadanas del país, de manera diferenciada: nada o casi nada a quienes no se emplean formalmente, destinados a la pobreza y la exclusión o a ser mantenidos por sus familias en la tercera edad; poco o insuficiente a quienes no alcancen las semanas y los montos mínimos de sobrevivencia para la vejez; un poco más a quienes coticen siempre y tengan muy buenos salarios durante toda la vida y la suerte de contar con Afores “exitosas” en sus estrategias de inversión a lo largo de los años; y finalmente, sectores netamente minoritarios, pero beneficiados por haber entrado en los esquemas anteriores a las reformas neoliberales del 1997 (IMSS) y 2009 (ISSSTE), o que son parte de castas, cúpulas y corporaciones a nivel federal o en los estados.   

Entonces, no se entiende por qué – o quizás si se pueda entender, pero es decepcionante darse cuenta de los motivos – todo el sector público trabajador, y la población en general, no debería de apoyar la reforma o abolición, que plantea la CNTE, de la terrible Ley del ISSSTE de 2009. 

Esta fue un engendro del Gobierno de Felipe Calderón y de la más rancia vulgata neoliberal, la que predica la privatización y mercantilización de todo, especialmente si se trata de ahorros y jubilaciones de la clase trabajadoras, bien aprovechables en el mercado por Afores rapaces y bancos irresponsables. 

En cambio, lo que sucede es que la lucha de la Coordinadora, cíclicamente, se queda aislada y estigmatizada injustamente por todo un aparato mediático y político que forja el grueso de la opinión pública y genera respuestas distorsionadas, frente a legítimas peticiones. 

De hecho, pese a los parches, insuficientes pero justos y debidos, que implementó el Gobierno de López Obrador con la pensión para adultos mayores y las reformas del 2020 y 2023 sobre comisiones, semanas cotizadas, fondo de pensiones para el bienestar, el sistema substancialmente no ha cambiado y es profundamente injusto, privatizado y neoliberal, sin más. 

La CNTE evidencia de manera clara esta contradicción y por eso es atacada a diestra y siniestra, de derecha a izquierda, porque en el fondo está mostrando que no basta con sostener el viejo sistema con paliativos y medidas medio reformistas o socialdemócratas blandas, sino que hay que concebir y realizar otro sistema, solidario, con garantía y preminencia del Estado. 

Pero es cierto, como remarca la Presidenta, que no hay muchos recursos para ello. Pues sí, un verdadero estado del bienestar, que aún no existe en México o se considera muy incompleto y estratificado, es costoso y comporta desafíos grandes para su implementación. Y, además, quien tendría que pagarlo son las clases, capitales y empresas más privilegiadas, lo que involucra potenciales y prolongados conflictos políticos y de clase en caso de que se plantee. No obstante, un Gobierno con enormes consensos electorales y de opinión pública podría hacerlo, en vez de excusarse en la falta de recursos.   

En efecto, la fiscalidad actualmente está en vilo, las cuentas pueden comprometer el plan de transformación y justicia social de la 4T, sobre todo tras los embates de la Administración Trump 2.0 y las guerras en curso, sin embargo, una vía muy clara, de izquierda, posible, factible y deseable sí existe: se llama reforma fiscal progresiva, con impuestos patrimoniales y mejora de la recaudación para garantizar a futuro, incluso a nivel constitucional si fuera posible, los recursos para transformaciones, reformas y redistribuciones permanentes de la riqueza, la justicia y los derechos.   

Fabrizio Lorusso

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Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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