Por: Anaid García Tobón*

En los últimos años se ha abordado reiteradamente el tema de la posverdad –refiriéndose a la distorsión de la realidad que manipula creencias y emociones y cuyo propósito es influir en la opinión pública. En nuestro país, apenas en abril pasado fue develada una red de creación de contenido falso y fabricación de documentos para orquestar campañas sucias, realizar persecuciones políticas o posicionar mediáticamente a personas funcionarias públicas para que obtuvieran beneficios. El caso es mejor conocido como Televisa Leaks.

Fue gracias a la persona alertadora Germán Gómez, quien proporcionó diversos archivos con documentación, así como a la verificación de la veracidad de la información y su posterior difusión por parte de Aristegui Noticias, que la ciudadanía pudimos enterarnos que, un político recurrió a dichos servicios de creación de contenido con el fin de ser nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o que se realizaron distintas publicaciones para afectar el prestigio y la credibilidad de Aristegui Noticias por investigar casos sobre lavado de dinero en los que estaba involucrada la empresa Televisa.

German Gómez, en su ejercicio de su libertad de expresión reveló públicamente las prácticas de manipulación de información, convirtiéndolo en un “whistlerblower” o un alertador. Una figura poco conocida y regulada en México. Desafortunadamente, como consecuencia de la falta de una política pública que proteja a las personas alertadoras de represalias, quienes deciden alertar ponen en riesgo su seguridad. En este caso Gómez, fue víctima de una campaña de desprestigio, acusado de tener desequilibrios mentales e incluso señaló haber recibido amenazas de muerte.

Como su caso, existen otros en el mundo que muestran la desprotección y criminalización en contra de personas alertadoras, uno de ellos es el de Julian Assange, quien fue perseguido por muchos años por filtrar más de 250 mil documentos militares y diplomáticos clasificados.

En nuestro país, además de Televisa Leaks, existen otros casos como el de una arquitecta que dio a conocer una mala gestión de recursos para la reconstrucción después del sismo de 2017 en la Ciudad de México y que, posterior a sus develaciones, fue hostigada laboralmente, o el de la Comisión Nacional del Deporte, en el cual personas que alertaron sobre irregularidades relacionadas con corrupción en esta institución sufrieron atentados en contra de su seguridad e inclusive uno de ellos fue privado de su libertad.

A pesar de ello, hasta el momento, no existe un marco normativo que regule y asegure la protección de las personas alertadoras de la corrupción y de actos indebidos en México. Esto evidencia la necesidad de tener un sistema que cuente con al menos:

1. Análisis de contexto

En dos sentidos, en primer lugar, es necesario conocer detalladamente las circunstancias y hechos en los cuales se dio a conocer la información para analizar el riesgo que corre la persona que alertó y determinar sus medidas de protección. En segundo lugar, para realizar las investigaciones y fincar responsabilidades.

2. Mecanismos de amplia protección

Proteger a las personas alertadoras, garantizando al menos su integridad y seguridad personal, bienes patrimoniales, condiciones laborales. Inclusive, extender esa protección a sus familiares y/o compañeras y compañeros de trabajo.

En el ámbito internacional destacan experiencias de países como España y Chile donde la protección abarca no sólo a quien alerta sino a sus familiares y colegas.

3. Denuncias sobre distintos actos indebidos no solo corrupción

Es importante que se pueda alertar sobre distintos actos indebidos no sólo los que estén tipificados como delitos de corrupción o, de lo contrario, se puede perder la posibilidad de investigar sobre acciones que pueden ir en detrimento del bien común.

Para ilustrar, en países como Malta se puede alertar sobre actos que pongan en riesgo la vida, seguridad, salud, o el medio ambiente; así como por actos de corrupción, ofensas criminales, mala administración de justicia, soborno, abuso de autoridad, y ocultamiento deliberado de información en relación con estos temas.

Un paso importante fue en 2020 cuando la Secretaría de la Función Pública, –ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno– puso a disposición la plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, pero hasta el momento, se desconoce si esta política tendrá continuidad por parte de la Secretaría sucesora y si será una de sus prioridades.

Uno de los objetivos de la plataforma fue que las personas pudieran dar a conocer información sobre fraude, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, así como violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual de manera confidencial y asegurando el anonimato cuando así lo decidiera la persona alteradora. Además, contenía mecanismos para alertar sobre hechos de corrupción como desvío de recursos públicos, cohecho o peculado en las que estuvieran involucradas personas servidoras públicas federales.

La adecuada protección de personas alertadoras y denunciantes requiere de un sistema respaldado por una Ley y con protocolos de actuación que reconozcan su importante labor, y que aún están pendientes en México. Si en nuestro país y en el mundo existen personas que aún sin leyes que las protejan, arriesgan su integridad física por revelar información valiosa para la ciudadanía como Televisa Leaks, ¿de cuántos hechos podríamos enterarnos si el Gobierno realizara una política pública robusta que proteja a quienes nos informen de hechos trascendentales para la vida pública?

* Anaid es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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