Existe una Jurisprudencia histórica de la interpretación projusticia social de la Suprema Corte de Justicia en 1872.

En el estado de Durango existía una hacienda tan grande que tenía dentro de sus límites a un pueblo completo, Huichapa, con casas construidas por los habitantes, con plaza con un espacio de mercado, calles y casas deslindadas. Los habitantes del pueblo acudieron ante el Congreso del estado solicitándole y presionando para que el Gobierno del estado expropiara el territorio que ocupaba dicho pueblo.

En aquel entonces la expropiación era posible, según un texto de la Constitución, "previa indemnización". Era imposible para los vecinos del pueblo, pues eran los jornaleros que trabajaban en la hacienda y los salarios que recibían fueran miserables.

A pesar de la disposición constitucional, el Congreso del estado expropió el territorio necesario para la supervivencia del pueblo pasando a propiedad privada de los que habían construido su casa y destinando espacios para la vida pública, dejando pendiente el pago para posterior cumplimiento.

Los hacendados se opusieron a la expropiación mediante un juicio de amparo que finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia. El gran abogado Ignacio L. Vallarta, presentó un alegato impecable desde el punto de vista jurídico, (ese alegato lo conocimos como un parte de la doctrina jurídica mexicana, en la escuela de Derecho).

Pero al momento de resolver la Suprema Corté con la participación del Ministro Ignacio Ramírez "El Nigromantes" negó el amparo a los hacendados estableciendo un criterio: "Que la necesidad social era superior a la letra de la ley" y los vecinos de aquel pueblo quedaron como propietarios de su casa y fueron pagándole poco a poco, tal vez muy poco a los dueños de la Hacienda. pero el pueblo subsistió.

Argumentos como ese jamás los podríamos ver con la Suprema Corte de Justicia que va a desaparecer.

Pero tal vez en casos de grande injusticia, de la desaparición y sobreexplotación de los pueblos indígenas, otra vez veamos criterios de interpretación a favor de la justicia social a favor de resolver el fondo de los problemas y una interpretación más enérgica y más favorable para las víctimas de los delitos, sobre todo sobre todo cuando sean mujeres o grupos vulnerables.

Seguramente no volveremos a ver un criterio que detenga la distribución de los libros de los niños por protección a las editoriales de negocio o a prejuicios familiares que niegan el derecho a los niños a conocer la vida.

Además, es preciso señalar que el candidato Hugo Aguilar no era el favorito, era Lenia Batres impulsada por el gran grupo dirigente y con estructuras ciudadanas en Morena, grupo que existe y es determinante en la toma de muchos acuerdos políticos

Hugo Aguilar aparecía en algunos listados como invitado al acordeón, por eso y porque parte de su historia aún en la 4T es de independencia y coincidencia en las causas. A los abogados que defendemos nuestros asuntos profesionalmente, nos complace la independencia con justicia, y nos da una sensación de seguridad, confiamos que tendremos una muy buena Suprema Corte estos primeros dos años que serán los más duros en el cambio de criterios para la administración de la justicia y por ahí se irá el rumbo.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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