La política de la sinrazón terminó por imponerse. Era previsible. La reforma judicial y su resultado electoral fue el último apretón de tuercas que desvía al país por la senda de un nuevo régimen autoritario y autocrático. Contra lo que dispone la Constitución, hay una concentración de poderes en unos cuantos, por no decir en una sola persona.

La transición democrática por la que se luchó durante la penúltima década del siglo XX, con el resultado de la primera derrota nacional del priismo en Chihuahua en 1983 y luego con el despliegue que siguió a la usurpación salinista en 1988, concluyó definitivamente. Quienes postulamos la instauración de un sistema democrático en México, con el aliento de obtener también una igualdad sustantiva, debemos sentarnos a la mesa para definir qué hacer en el ominoso horizonte que se vislumbra para México.

Que la etapa que viene es difícil para todos, no me queda duda. El discurso oficialista, por más que se vista de un cierto triunfalismo, jamás podrá justificar la legitimidad de origen de quienes fueron electos por una minoría ciudadana, al impulso de un aparato partidario estatal como Morena, y de una inducción del voto que ni el PRI utilizó descaradamente en sus etapas de esplendor.

Si como reza la Constitución, el origen del poder está en la voluntad soberana del pueblo, aquí lo que tenemos es que el pueblo, por las más diversas causas, no salió al encuentro de las urnas. En primer lugar, porque la reforma judicial fue una imposición de un Congreso constituido con una mayoría calificada que se logró con malas artes; en segundo, porque la reforma no se procesó de la manera adecuada para ponerla en el radar e interés de los ciudadanos. El INE, sectario y sesgado, estuvo por debajo de sus capacidades, y la consulta electoral es, en términos absolutos, de mala calidad. Como institución, el INE está condenado a su extinción, más lo que se acumule con la reforma electoral que viene.

No vale el argumento de que ya se dio el paso y ahora hay que consolidarlo, sugiriendo que ese paso fue bien dado. Nada más lejano a la realidad. Una modalidad calderoniana del “haiga sido como haiga sido”.

Para el oficialismo representado por Claudia Sheinbaum, el futuro no será miel sobre hojuelas. A medida que pasa el tiempo va a comprender que con la reforma judicial de López Obrador se le entregó un poder envenenado, porque la querella que a partir de ahora palpitará para los próximos años, no va a cesar mientras no se convoque a un congreso constituyente que defina, con las mejores herramientas democráticas, el perfil del Estado democrático al que se aspira, en una nación tan compleja y con tantos retos como la que tenemos ahora, pluricultural y multiétnica, en la que todos tenemos cabida y nadie ha de gozar de privilegios.

Se imponen tareas imprescindibles: caracterizar al nuevo leviatán que tenemos, a su aparato estatal de control electoral y neocorporativo; dejar de tener esperanza –en lo particular no la tengo– en los partidos políticos hoy existentes, porque ya dieron de sí desde hace mucho tiempo. Poner a debate la fundación de los partidos que vienen para dirimir en qué abonan a las luchas futuras, desde luego reconociéndoles el derecho a su existencia, aunque no estén en sincronía con lo que se requiere para superar este aciago momento.

Entonces, es hora de dar la cara, de dejar de apretar los puños en la casa, en la cantina o el cubículo, y empezar por una gran convención de demócratas de todo el país, y que saquen la casta, porque lo que viene es una atrocidad.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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